Juez plantea una pieza separada para investigar papeles de maletero de la edil secuestrada

El Juzgado de Instrucción 5 de Granada ha planteado un procedimiento separado para aclarar la presunta existencia de hechos «penalmente relevantes» derivados de los expedientes administrativos del Ayuntamiento de Maracena intervenidos en la causa que investiga el secuestro de la edil Vanessa Romero, cuyo maletero contenía documentación.
El Juzgado de Instrucción 5 de Granada ha planteado un procedimiento separado para aclarar la presunta existencia de hechos «penalmente relevantes» derivados de los expedientes administrativos del Ayuntamiento de Maracena intervenidos en la causa que investiga el secuestro de la edil Vanessa Romero, cuyo maletero contenía documentación.El juez Josep Sola acuerda deducir testimonio de todo lo actuado hasta el momento para tramitar dicha pieza separada en el mismo auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que eleva la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por los indicios de la posible participación del exalcalde Noel López, actual número 3 del PSOE-A por su condición de aforado como parlamentario andaluz.Dicho procedimiento separado se plantea, explica, visto el resultado de un oficio policial a raíz de los documentos intervenidos en el maletero del vehículo de la edil víctima, secuestrada presuntamente por el entonces novio de la alcaldesa, Berta Linares, relativos a expedientes de urbanismo de ese consistorio granadino.A partir de las conclusiones de dicho informe policial y atendido al pronunciamiento de la Fiscalía, se decide deducir testimonio de todo lo actuado para tramitar en un procedimiento separado la presunta comisión de «hechos de carácter penalmente relevantes» derivados de los documentos intervenidos correspondientes a expedientes administrativos del Ayuntamiento.La concejal secuestrada -que ejerció como edil de Urbanismo- declaró ante el juez, según consta igualmente en el auto, que cree que el investigado pudo actuar motivado por Noel López y la alcaldesa, y aludió precisamente a la existencia de algunos expedientes de urbanismo de los que disponía y que podrían afectar de forma negativa a ambos durante su etapa como alcaldes.La documentación que la víctima del secuestro llevaba en el maletero y su declaración inicial relacionó desde el principio los hechos con una posible causa urbanística y motivó que la Policía Judicial ordenara blindar los expedientes de casi la totalidad de las áreas municipales del Ayuntamiento de Maracena.Entonces, la alcaldesa defendió la gestión municipal, descartó cualquier trama irregular y puso a disposición de la Fiscalía todos los documentos oficiales, aunque el Ministerio Público no recibió ningún expediente concreto ni tramitó ninguna acción.En el pleno extraordinario que convocó tras el secuestro, Linares reiteró que el Consistorio había actuado siempre dentro de la legalidad y defendió tanto su gestión como la que desarrolló Noel López al frente.