ANSE y WWF advierten que la derogación de la Ley del Mar Menor sería un grave retroceso ambiental y económico

WWF y ANSE han advertido, tras el pulso político mantenido por el PP y VOX sobre el Mar Menor durante el debate para la elección del presidente del Gobierno de la Región de Murcia, de las «graves consecuencias que tendría para la recuperación de la mayor laguna litoral española seguir retrasando las medidas necesarias para su recuperación». Han lamentado que tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, el grupo político VOX ha exigido la derogación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor para apoyar la investidura de López Miras a la Presidencia de la Región de Murcia. Durante el debate de investidura, la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor ha tenido una especial atención tras ser defendida su vigencia por el presidente de la Comunidad, han recordado. Desde WWF y ANSE han reiterado que la derogación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor o el retraso en la aplicación de las medidas necesarias para recuperar la laguna salada, así como ignorar los efectos del cambio climático, «sólo contribuirá en perpetuar sus problemas en el futuro y en generar más inestabilidad ambiental y económica para amplios sectores sociales y empresariales». No obstante, han señalado que muchas de las obligaciones incluidas en la Ley «siguen sin cumplirse» y han advertido que una relajación de las medidas contempladas en la misma «podría conllevar sanciones por parte de la Unión Europea y la pérdida de fondos europeos indispensables para la recuperación del Mar Menor». Las organizaciones ecologistas han destacado entre los incumplimientos de los compromisos de la Ley el reglamento de pesca profesional, el de vertidos de tierra al mar, la revisión de las restricciones de nuevas explotaciones ganaderas o sus ampliaciones, la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor, la del Programa de Control y Mejora de las Redes Pluviales, de Saneamiento y Edar, y la de los Programas de Actuación de las zonas vulnerables por nitratos de la Región de Murcia, incluido el Campo de Cartagena. Algunos de estos documentos están en fase de redacción, pero no existe un calendario para su aprobación y aplicación. El Gobierno regional tampoco ha puesto en marcha el Consejo de Participación del Mar Menor, han asegurado. Al mismo tiempo, han lamentado que organizaciones agrarias y patronales han alertado recientemente que no llegarán a tiempo para contratar los servicios de inspección privados, regulados por la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, al haberse acreditado únicamente una empresa y por este motivo no se están llevando a cabo las inspecciones. ANSE y WWF han puesto el foco, asimismo, de «campañas de desinformación de algunas entidades, como Fundación Ingenio y Agroingenieros por el Mar Menor, interesadas en mantener el actual sistema agroindustrial negando el problema de los nitratos agrícolas y queriendo centrar la atención exclusivamente en las aguas residuales urbanas». «La realidad es que la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura ha informado recientemente que la concentración media de nitratos ha crecido de 91 a 120 mg/l en los dos últimos años en las aguas subterráneas del Campo de Cartagena», han señalado. Asimismo, ha recordado, «la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia estimaba en un informe del pasado mes de febrero que, tan solo para el período comprendido entre noviembre de 2019 y 30 de enero de 2023, habrían entrado en el Mar Menor un total de 6.305,08 toneladas de nutrientes, la mayor parte de ellos en forma de nitratos, y principalmente a través del cauce de la rambla del Albujón». La posición de ciertos partidos políticos que respaldan el aumento de la superficie de regadío, a pesar de la falta de agua y los problemas de contaminación por nitratos de las zonas de regadío, y la solicitud de estar organizaciones para relajar las medidas contempladas en la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor «están contribuyendo a generar una mayor desconfianza en residentes y visitantes sobre la mala gestión que las Administraciones local y regional principalmente realizan sobre muchas de sus competencias ambientales sobre el Mar Menor y que terminan perjudicando indirectamente a la imagen de la misma agricultura».