Fiscal mantiene la pena de 9 años de cárcel para el rapero británico retornado de Siria

El fiscal ha defendido que el motivo de que la Policía detuviera con carácter urgente al rapero británico de origen egipcio Abdelmajed Abdel Bary, alias L. Jinny, a su llegada en patera a Almería en 2020 procedente de Argelia, fue el riesgo que para la seguridad nacional representaba que fuera un retornado de Siria.
El fiscal ha defendido que el motivo de que la Policía detuviera con carácter urgente al rapero británico de origen egipcio Abdelmajed Abdel Bary, alias L. Jinny, a su llegada en patera a Almería en 2020 procedente de Argelia, fue el riesgo que para la seguridad nacional representaba que fuera un retornado de Siria. Así lo ha expuesto al mantener su petición de 9 años de cárcel para él y de 7 y 8 años para los otros dos acusados con los que fue detenido, durante el juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Nacional y que este viernes ha quedado visto para sentencia. A los tres les acusa de formar una célula yihadista dedicada a cometer estafas bancarias en internet y a traficar con criptomonedas para «financiar sus actividades terroristas».Tras considerar probadas sus acusaciones, el fiscal ha defendido la actuación policial -puesta en tela de juicio por las defensas-, y ha afirmado que se adoptó con carácter de urgencia ante la sospecha de que uno de ellos, Abdel Bary, fue combatiente del Estado Islámico en Siria.Interpol avisó a la Policía de la entrada de esas tres personas en España y eso motivó las detenciones, según ha reconocido el representante del Ministerio Público. Ha defendido no obstante que se les detuviera y juzgara en España como integrantes en organización terrorista, condición, ha dicho, que la jurisdicción española entiende que es «permanente», salvo en raras excepciones.También ha resaltado que una directiva de la UE de 2017 declara a los «foreign fighters» retornados de Siria «una amenaza global» y les considera personas peligrosas, y ha recordado al respecto que los atentados de la sala Bataclán en Francia los cometieron retornados.Para ilustrar su tesis de que la célula se disponía a continuar con su actividad en España y el riesgo que suponía para la seguridad, el fiscal ha relatado que hasta su localización en un piso, los acusados estuvieron cuatro días «sin control policial» en Almería, durante los que uno de ellos fue a un Carrefour a comprar un portatil.Por su parte, el abogado de Abdel Bary ha pedido que se decrete la nulidad de estas actuaciones por irregularidades en las detenciones y que en todo caso se dicte la absolución porque no se ha probado en ningún momento que liderara una célula terrorista.»¿Dónde la formaron?, ¿cuándo la formaron, bajo qué siglas, con qué objetivos?» se ha preguntado el abogado al lamentar que Abdel Bary lleva en prisión provisional desde hace tres años por culpa de una investigación «prospectiva».Antes de quedar el juicio visto para sentencia, Abdel Bary ha hecho uso de su derecho a la última palabra para incidir en las mismas ideas que su abogado y ha alegado que las células terroristas están lideradas por un guía religioso o imán y él carece de esa autoridad. También ha criticado que el fiscal diga que pertenece a la «yihad global» porque eso «no es una organización».Según el fiscal, Abdel Bary, en prisión provisional desde su detención en abril de 2020, se trasladó en agosto de 2013 desde el Reino Unido a Siria para combatir con el Estado Islámico, al que habría reconocido pertenecer en diversas ocasiones en sus redes sociales, de las que se extrajó una foto en la que aparece sosteniendo una cabeza decapitada.Allí viajó con un amigo y ambos se integraron en el Ejército de Al Furqan, facción terrorista de Al Qaeda que en ocasiones actuaba con el Dáesh en determinadas accionesTras el fallecimiento de su amigo en un ataque con dron de EEUU, en 2015 viajó a Turquía y en 2020 se marchó a Argelia. Durante esos años, sostiene el fiscal, creó «una estructura criminal con vocación de permanencia en el tiempo» con el fin de cometer estafas bancarias con el sistema conocido como «carding» (acceder a tarjetas bancarias de forma ilegal para realizar pequeñas compras).