El Gobierno de Asturias ha autorizado un gasto de 13.963.917 euros que permitirá cubrir este año las necesidades básicas de más de 50.000 familias con escasos recursos a través de las ayudas de emergencia social del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. En la nota de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el Principado informa de que también se han aprobado los criterios de reparto por concejos de estas ayudas, cuyo presupuesto se asigna a los ayuntamientos en función de indicadores como la población general, la población infantil, su capacidad económica y la zona climática en la que se encuadran. Su finalidad es procurar tanto la cobertura de las necesidades vitales como la aplicación de medidas de incorporación social y laboral, en condiciones de igualdad, en toda la comunidad. Estas subvenciones permiten apoyar económicamente a familias con hijos menores a cargo y financiar costes de vivienda y energía, así como cubrir gastos para realizar medidas de incorporación social o laboral y otros ordinarios o extraordinarios. En concreto, las ayudas de garantía energética ascienden a 5.108.504 euros; las de apoyo a la intervención 2.455.385 euros; las ayudas a la vivienda 1.016.803 euros; las ayudas para familias con menores 2.323.813 euros; las ayudas para otros gastos ordinarios o extraordinarios, 3.059.409 euros. La financiación de estas ayudas se une a los fondos del Plan Concertado de Servicios Sociales, de modo que ambos instrumentos de apoyo suman 45 millones. Al margen de estas prestaciones, la Administración autonómica también se encarga de gestionar el bono social de electricidad financiado por el Gobierno de España, que en 2022 dispuso un fondo para la comunidad de más de 13,5 millones para llegar a casi 30.000 personas. El bono está destinado a compensar los gastos que ocasiona el uso de calefacción y agua caliente o cocina a los consumidores más vulnerables.
