Experto afirma que el Estado «no está invirtiendo lo suficiente» para paliar el crecimiento de la ciberdelincuencia

Un experto en ciberseguridad ha afirmado que la Administración Pública «no está invirtiendo ni remotamente lo suficiente» para mitigar el efecto de la ciberdelincuencia tras un aumento en Andalucía de un 31% con 4.232 casos más durante el primer semestre de 2023 en relación al del año anterior, según el informe de criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior. Dicho documento ha reflejado un sensible ascenso de estas prácticas en la comunidad. A nivel local, Málaga es la que más ha sufrido esta corriente delictiva, contabilizando 1.437 casos durante el primer semestre del año, lo que se traduce en un aumento del 93,7% respecto a 2022. Granada también ha experimentado un notorio incremento con un 86,2% más de ciberataques, mientras que, en este aspecto, otras ciudades como Sevilla o Córdoba han manifestado un crecimiento del 12,7% y 18,4% respectivamente. Debido a este contexto, en declaraciones a Europa Press, el decano del Colegio Profesional de Ingenieros de Informática de Andalucía y perito judicial, David Santo, ha afirmado que no solo no se están empleando los medios necesarios, sino que a su vez las medidas que se han desarrollado en los últimos años «no funcionan». Para el decano, «decisiones estratégicas» como la tendencia a una identidad digital única con la cual se realizan gestiones bancarias y sociales o la reducción del dinero efectivo para incrementar el digital, lo que consigue es «potenciar los delitos tecnológicos en el país». Para atajar esta problemática, el perito judicial ha estimado necesario «aumentar el número de juzgados y dotarlos de personal especializado en este campo». En esta línea, Santo ha explicado que «los costes en recursos humanos de perseguir los delitos informáticos son muy altos», y que en este ámbito, la justicia española se encuentra «infradotada y saturada» teniendo una gran carga de trabajo difícil de abordar. En este aspecto, ha lamentado que aquel que realmente sabe de informática «va a terminar rompiendo medidas de seguridad» por lo que, «aunque está bien educar a la gente, si el Estado falla en lo más importante, en aumentar los recursos para tener una capacidad punitiva eficiente, todo lo demás no sirve para nada». Por otro lado, el decano ha reseñado varias prácticas que dan pie a la proliferación de este tipo de delitos, las cuales se han tornado en habituales en una sociedad marcada por la digitalización. Una de ellas es el uso de «los medios de pago digitales», que facilitan las estafas, una infracción que se puede cometer «desde la otra punta del mundo», prestándose a «estafas remotas». Acerca de dichos actos, Santo ha subrayado que lo más probable es que «se disparen», ya que el Banco Central Europeo (BCE) tiene un proyecto para implementar un euro digital, lo que haría que la delincuencia cibernética aumentase exponencialmente. Otra de las razones de este incremento puede deberse, según el experto, a «los esfuerzos por parte de las tecnológicas y potencialmente de los Estados para que los ciudadanos posean una identidad digital única». Las empresas alientan este procedimiento porque «rentabilizan los datos que aportan los usuarios» mientras que los Gobiernos lo hacen «bajo la narrativa de perseguir ciertos delitos». Esto provoca, ha continuado, que «cuando cae un servicio con una identidad digital de un usuario también caigan con él todos los que esa persona tiene en Internet». También ha sacado a la palestra el mal uso de las redes sociales como acicate para las extorsiones y estafas cibernéticas. El experto ha identificado este punto como el «más sangrante» de todos, ya que en un gran número de ocasiones implica a menores de edad y «los hace vulnerables a depredadores». MEDIDAS DE PREVENCIÓN Para evitar ser víctima de este tipo de delitos, Santo ha aconsejado «no facilitar el DNI digitalizado ni escaneado bajo ninguna circunstancia». Esto conlleva renunciar a múltiples servicios online, los cuales son recurrentes y accesibles actualmente, pero una infiltración en sus sistemas de seguridad puede hacer que con estos documentos se pueda usurpar la identidad de los clientes y «poder abrir cuentas bancarias e incluso pedir préstamos». Asimismo, el hecho de verificar «de manera analógica» la autenticidad de las cuentas bancarias a las que se envían las transferencias también supone una práctica prudente y aconsejable para poder blindarse de cara a posibles hurtos cibernéticos. En este ámbito, el experto también ha incidido en la relevancia de no albergar en los dispositivos móviles información sensible como datos bancarios o material personal. Por otra parte, uno de los aspectos más desconocidos por los usuarios, es el hecho de conformar contraseñas dotadas de «frases o composiciones largas de palabras». Esta mecánica de seguridad es más efectiva que las ya habituales contraseñas compuestas por símbolos, mayúsculas o caracteres especiales que demandan en infinidad de servicios online. Por último, Santo ha considerado indispensable el poseer diversos usuarios y contraseñas para cada uno de los servicios online que se tengan en línea. Esto evitaría, que una vez que rompa la barrera de seguridad de uno de ellos, el resto no se vean resentidos.