Escuelas Católicas señala que el nuevo curso está marcado por la «incertidumbre» política o el descenso de la natalidad

Escuelas Católicas ha señalado que el nuevo curso escolar 2023-2024, que se inicia estos días, está marcado por la «incertidumbre» política generada tras las elecciones autonómicas y generales; el descenso «drástico» de la natalidad, con el «consiguiente cierre de aulas»; y una crisis económica «cada vez más evidente». En este contexto, la marca que agrupa a titulares de centro educativos católicos, aborda el curso con «determinación y esperanza», pero también con un llamamiento a los responsables políticos ante la «urgente necesidad» de un Pacto Educativo de Estado que «acabe con la asfixiante sensación de provisionalidad en las sucesivas reformas, y permita la mejora de la educación en España». En su opinión, el actual contexto político resulta «enormemente complejo» para llevar a la práctica una ordenada implantación completa de la LOMLOE. Escuelas Católicas teme que la diversidad de opiniones en las comunidades autónomas que no respaldaron la Ley Celaá dé lugar a «una aplicación diferenciada según las regiones, sobre todo si tenemos en cuenta el enorme margen de competencia que otorga la nueva legislación a las comunidades, tanto a la hora de completar contenidos curriculares, como al desarrollar aspectos de la evaluación o establecer nuevas materias». Asimismo, estima que un Gobierno en funciones «no va a acometer todos los retos y desarrollos pendientes». Precisamente, menciona como ejemplo la negativa a aprobar una nueva regulación de la EBAU para los alumnos que comienzan Segundo de Bachillerato, «dejando el problema al nuevo Ejecutivo». PLAZAS VACÍAS EN ESCUELAS PÚBLICAS Por otra parte, Escuelas Católicas se muestra preocupada por la crisis demográfica, cuestión que, a su juicio, «va a ser decisiva para el futuro de los centros educativos». Por una parte, apunta que este año 2023 se ha sufrido «con virulencia» los efectos de plazas vacías en infinidad de escuelas e institutos públicos y, en consecuencia, el cierre de unidades o aulas en centros concertados «por aplicación de los discriminatorios criterios de prioridad establecidos en la LOMLOE». «Las administraciones no quieren enfrentarse a una reducción de aulas públicas y reducen aulas concertadas con suficiente demanda con objeto de que los alumnos no admitidos puedan completar aulas públicas», asegura. Para Escuelas Católicas, la disminución de alumnos «supone disminución de ingresos, lo que reduce la capacidad de los centros concertados para mantener en buen estado las instalaciones o cumplir, por ejemplo, con la creciente normativa sobre espacios, viéndose abocados a solicitar en algunos casos la cesión de la titularidad o el cierre». Otro de los desafíos de este nuevo curso escolar está en la Formación Profesional. El esfuerzo realizado para relanzar estas enseñanzas con la reciente Ley específica encuentra para Escuelas Católicas «un escollo importante para su pleno desarrollo en los centros privados concertados». Los centros católicos consideran que los requisitos mínimos de instalaciones «quedan en demasiados casos en manos de las comunidades autónomas, lo que dificulta los procesos de ampliación y oferta de nuevos ciclos formativos; todo ello unido a una planificación discrecional por parte de dichas administraciones que privilegia el incremento en institutos públicos, a pesar del carácter complementario de la oferta concertada». En la práctica, esto se traduce en que, según recalca Escuelas Católicas, «muchos centros concertados interesados en ofrecer nuevos ciclos no pueden hacerlo y un número considerable de alumnos ven frustradas sus expectativas». En estos momentos, cree que «es imprescindible la colaboración entre institutos y centros privados y privados concertados para atender toda la demanda de plazas de FP».