El PP ve en el caso Koldo un «desprestigio irreparable» para España que trasciende a la UE

El PP ha considerado este lunes que el caso Koldo representa ya un «desprestigio irreparable» para España después de que la Fiscalía Europea haya anunciado que abrirá una investigación por las actuaciones de los gobiernos de Canarias y Baleares y ha pedido al Ejecutivo la inmediata asunción de responsabilidades.
El PP ha considerado este lunes que el caso Koldo representa ya un «desprestigio irreparable» para España después de que la Fiscalía Europea haya anunciado que abrirá una investigación por las actuaciones de los gobiernos de Canarias y Baleares y ha pedido al Ejecutivo la inmediata asunción de responsabilidades.Fuentes del PP se han referido así a la decisión de la Fiscalía Europea de abrir una investigación por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados durante la pandemia por los servicios de salud pública de Canarias y Baleares para el suministro de mascarillas con empresas de la trama del llamado caso Koldo.Han calificado de «irreparable» el desprestigio para España y han opinado que el PSOE arrastra la imagen del país por la corrupción que acecha a sus dirigentes, concretamente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, ambos expresidentes de Baleares y Canarias, respectivamente.Los populares lamentan que España esté en el foco de las instituciones de Justicia comunitarias por una trama de corrupción de cargos socialistas, por lo que reiteran que la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno debe ser inmediata.La presencia de Armengol y Torres en la vida pública, añaden las mismas fuentes, «mancha la imagen» de España.Tras recibir una denuncia de un particular, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) llevó a cabo diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados, como recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central número 2, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la UE.