Vox pide que comparezca en el Congreso el fiscal general del Estado por el caso Koldo

Vox ha pedido este martes que comparezca en la comisión de Justicia del Congreso el ministro del ramo, Félix Bolaños; el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz; y el fiscal jefe de la fiscalía especial contra la corrupción, Alejandro Luzón, para explicar posibles injerencias en el caso Koldo.
Vox ha pedido este martes que comparezca en la comisión de Justicia del Congreso el ministro del ramo, Félix Bolaños; el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz; y el fiscal jefe de la fiscalía especial contra la corrupción, Alejandro Luzón, para explicar posibles injerencias en el caso Koldo.En concreto, Vox pide explicaciones sobre las informaciones que apuntan a que el fiscal general del Estado frenó el envío de las investigaciones sobre el caso Koldo a la Audiencia Nacional para que no interfiera en las elecciones generales del 23 de julio, lo que la formación considera «una injerencia con fines políticos en la tramitación de la causa».»(Pedro) Sánchez, como buen pupilo de los regímenes totalitarios, utiliza la Justicia a su conveniencia sin ningún pudor. Porque, ¿de quién depende la Fiscalía?», ha escrito en su cuenta de la red social X la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.Fuentes fiscales aseguran que fue en septiembre y no en junio cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó su querella ante el juez por el caso Koldo, que, subrayan, no transcendió hasta el pasado 20 de febrero cuando se produjeron las detenciones.Explican que el fiscal encargado del caso concluyó su escrito en junio y se lo remitió a su jefe para el visado. Tras este trámite, se presentó en la Audiencia Nacional una vez concluido el periodo vacacional.Así, indican, se evita el parón estival y la causa puede repartirse inmediatamente para iniciarse las diligencias solicitadas por la Fiscalía, incluidas las intervenciones telefónicas que han nutrido el procedimiento.Las fuentes inciden en que se trata de una causa declarada secreta a petición del ministerio público y subrayan que el fiscal general del Estado nunca ha intervenido en la misma.