Jueces, fiscales y el CGPJ contra el acuerdo PSOE – Junts: «Una jugada política aberrante»

Fuentes jurídicas aseguran a COPE que determinados puntos no se pueden llevar a cabo con la ley en la mano a día de hoy
«Una jugada política aberrante», dicen a COPE fuentes jurídicas. «Esta situación no hay por donde cogerla, ni jurídica, ni política, ni moralmente», «se socava el estado de derecho», «es un ataque al Poder Judicial», «el texto anunciado está lleno de inconcreciones», «es un anuncio de anuncios» y a fuentes consultadas por COPE les gustaría saber «cómo lo van a articular, porque determinados puntos no se pueden llevar a cabo con la ley en la mano a día de hoy». «Cualquier ley», señalan, «necesita una memoria de impacto normativo en el funcionamiento de los tribunales».Estas fuentes judiciales apuntan que «en este caso», en el de la ley de amnistía, «no se ha hecho»: «Es un interés político de siete votos». La batalla jurídica puede ser larga. Se abrirá una vía para plantear todo tipo de cuestiones, pero, primero, hay que conocer el texto. Para empezar, habrá que ver si se ajusta o no a los estándares europeos. Miran hacia el Supremo, porque tendrá que revisar muchos casos. Podrá preguntar a Europa, primero, y al Constitucional, después. Así lo dice la doctrina del Tribunal Constitucional.El CGPJLa Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha expresado este jueves su rechazo «frontal» al acuerdo entre el PSOE y Junts porque implica «una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes». Se ha reunido de forma extraordinaria tras conocer el texto del acuerdo, que también ha sido criticado por todas las asociaciones de jueces y fiscales. El CGPJ cree «inadmisibles» las referencias al «lawfare» o judicialización de la política que contiene el acuerdo.El documento recoge, en el apartado sobre la ley de amnistía, el término lawfare para referirse a una supuesta judicialización de la política, que podría investigarse en las «comisiones de investigación» que den continuidad al pacto. Se puede traducir, como recoge la Fundeu, como «instrumentalización de la Justicia» o, al revés, «judicialización de la política». Es un término que se utiliza a menudo en países latinoamericanos, pero que sí se ha escuchado a los dirigentes de Podemos en varias ocasiones para referirse a las distintas causas judiciales en su contra.Las asociaciones judicialesPor otro lado, las cuatro asociaciones judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente han suscrito este jueves un comunicado conjunto donde muestran su «rechazo» por las referencias al «lawfare» que se explicaba antes. El PSOE ha tenido que aclarar que no se van a revisar sentencias judiciales en comisiones parlamentarias. Lo mismo que todas las asociaciones de magistrados recalcan que «los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, como establece la Constitución. Por otro lado, también se ha pronunciado en contra del lawfare reconocido en el pacto todas las asociaciones de fiscales. Desde el colectivo mayoritario, la Asociación de Fiscales señalaron que «es inadmisible la utilización del término al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente». Por otro lado, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales se esgrimió que el pacto se trata de un «ataque insólito a la independencia del Poder Judicial» y pusieron énfasis en que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, «permanece silente ante la amnistía.