Robles ve la opinión de la Junta de Fiscales sobre Puigdemont como normalidad democrática

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encuadrado hoy la posición de la Junta de Fiscales del Supremo favorable a investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont como «una opinión» dentro «la normalidad democrática» y ha defendido el trabajo del poder legislativo, que es el que finalmente dicta las leyes y normas que aplican jueces y fiscales.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encuadrado hoy la posición de la Junta de Fiscales del Supremo favorable a investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont como «una opinión» dentro «la normalidad democrática» y ha defendido el trabajo del poder legislativo, que es el que finalmente dicta las leyes y normas que aplican jueces y fiscales.En declaraciones a los medios, antes de asistir al pleno del Senado, la ministra se ha referido así a la decisión de una amplia mayoría de los 15 fiscales de la Sección Primera del alto tribunal, que han votado en contra del informe del fiscal del Supremo Álvaro Redondo que apostaba por exonerar a Puigdemont del caso Tsunami. «Por lo tanto es un trámite más, un trámite de absoluta normalidad democrática y vamos a respetar el trabajo de los fiscales», ha sostenido Robles y se ha referido a la posición de la junta como algo «opinable» y «discutible».A renglón seguido, ha zanjado: «vamos a dejar que el poder legislativo, que es el que dicta las leyes, que son las que aplican jueces y fiscales, pues cumplan con su labor».Ha insistido la ministra de Defensa en que «lo importante es que el poder legislativo es el que dicta las leyes» y que esas normas «obligan a todos, a los jueces, a los fiscales y por supuesto, pues a los ciudadanos». «No me preocupa en especial, creo que es la normalidad en el ámbito del Derecho», ha zanjado Robles.Por su parte, preguntado por el mismo asunto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha encuadrado también la posición de la Junta de Fiscales dentro de la «normalidad institucional y democrática absoluta» y ha reiterado el respeto del Gobierno «a cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal y cualquier decisión, por supuesto, que tomen los tribunales».