La desesperación de los propietarios con casa okupadas

Desde 2018 las okupaciones se han incrementado un 37%
Dar cifras es complicado, pero en 2018, año en el que el PSOE accedió al Gobierno, la cifra de denuncias de ocupaciones fue de 12.214… El año pasado esa cifra ascendió hasta las 16.726… Es decir, desde que el Partido Socialista está en el Gobierno las okupaciones se han incrementado un 37%. Alcanzando su pico más alto en 2021, cuando las denuncias llegaron a un total de 17.274.En algunos casos entran dando una patada a la puerta, lo que se conoce como allanamiento de morada. Pero en otros firman un contrato de arrendamiento y tras varios meses dejan de pagar la renta, pero sin abandonar el inmueble, lo que hoy en día se conoce como inquiokupación. Y tú como propietario solo puedes esperar hasta que la justicia te de la razón. Un proceso realmente frustrante. Por la vía civil puede tardar 6 meses, mientras que por lo penal el proceso puede durar hasta 3 años.Pilar heredó una vivienda en abril de 2019, que estaba alquilada. A los pocos meses la inmobiliaria que se encargaba de gestionarla se puso en contacto con ella para comunicarle que tenía okupas, incluso llegaron a pincharle el contador. “Puse la luz a mi nombre a sabiendas de que iba a ir en mi contra. Veo que me llegan facturas de cero consumo, entonces pensé que se habían marchado. Hablo con el administrador de fincas y me dicen que no, que siguen dentro. La compañía eléctrica fue quien me dijo que me habían pinchado el contador”, explica la afectada. En esa casa vivía una joven de unos 25 años, una señora mayor con una discapacidad y un niño de 5 años. “La joven se apuntó al paro un mes antes del alzamiento para hacerse pasar por vulnerables. Pero cuando desalojan la casa me encontré un recibo de 325 euros y una factura de la bicicleta del niño de más de 100 euros”, cuenta Pilar. Tardó tres años en recuperar la vivienda. Y las pérdidas a las que tuvo que hacer frente, sumando los daños a reparar, el dinero perdido por no recibir el alquiler y los gastos de abogados y procuradores, ascendieron a 50 mil euros. Durante la pandemia se tomaron medidas para evitar el corte de suministros y de los desahucios de las personas vulnerables. Esta medida estaba vigente hasta el 30 de septiembre de 2022, pero se amplió hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Y se ha vuelto a prorrogar hasta el 30 de junio de este año.Rocio tiene una casa en Rota. Se quedó en paro y decidió irse a vivir con su pareja y alquilar su única vivienda para poder obtener unos ingresos. A los tres meses dejaron de pagar y desde mayo de 2021 no han parado de retrasar el desahucio. “En mayo ya tenía mi abogado de oficio y se presentó la demanda, pero hasta octubre no entró en el juzgado. En febrero de 2022 se iba a hacer el juicio, pero como la otra parte estaba desprotegida se ha ido atrasando y todavía no se nada”, cuenta esta gaditana. Rocio, desesperada, al verse sin casa y sin trabajo pidió una ayuda que era insuficiente. “La trabajadora social me dijo que yo me tenía que buscar un albergue y me lo pagaban con una ayuda de 300 euros que me daban. ¿Tengo que ser yo la que me tenga que buscar un albergue y no los inquilinos morosos?”, narra con enfado Rocio.¿Cómo afecta la nueva Ley de Vivienda?La nueva Ley de Vivienda que se aprobó el pasado jueves en el Congreso va a retrasar aún más los plazos de los desahucios. Uno de los puntos clave es que podrá aplicarse una prórroga extraordinaria de un año en los contrato de alquiler por situaciones acreditada de vulnerabilidad social o económica. Además se modifica el criterio para considerar a una familia vulnerable. “Antiguamente se entendía por familia vulnerable a aquellos que sus ingresos no superaban el doble del IPRM y ahora se ha aumentado al triple. Es decir, antes estaba en 1.200 euros al mes y ahora en 1.800 euros”, explica en La Mañana del Fin De Semana, Julio Naveira, abogado experto en derecho inmobiliario.Otro punto: los grandes tenedores, aquellos que tengan cinco o más inmuebles, van a tener que acreditar la situación económica de los okupas e iniciar un proceso de negociacion. “Esto implica un retraso, porque a fecha de hoy no es necesario que el okupa tenga garantizada una vivienda residencial. Y ahora si”, explica Naveira. Además se prohíben los desahucios sin fecha y hora, fomentando que las asociaciones que quieran evitar los desalojos se presenten en la vivienda y puedan crear altercados retrasando aún más el lanzamiento.En definitiva, son enmiendas que pueden llegar a alargar hasta 4 años la duración de los desahucios. Y de manera indirecta incitando a los propietarios a retirar del mercado del alquiler sus viviendas, provocando una disminución de la oferta, que solo en el último año ha caído un 26% e incrementando aún más lo precios. Y que el acceso al mercado del alquiler se convierta en imposible.